Manuel Fernando López
Verlos ahí, cada vez que uno por diversos motivos se ve obligado a realizar tal o cual trámite en las diversas dependencias del estado, donde prestan sus servicios como empleados de seguridad privada y, donde la mayoría de las veces son humillados haciendo “mandados” a los burócratas , en verdad duele, estruja el alma.
Son hombres y mujeres sometidos a jornadas inhumanas de trabajo; amén de los insultos que deben apechugar por gente insensible que no valora su trabajo; desconocen la mayoría las condiciones precarias en que y cómo viven para llevar el raquítico sustento a sus hogares.
Que se joda lo establecido por la ley: deben ser ocho horas de trabajo y demás beneficios para el trabajador; en este rubro, lo anterior no existe, es cuasi esclavitud y lo peor con tolerancia plena de los gobiernos.
Es más, desde el mismo poder han prohijado empresas de seguridad para políticos corruptos –cuesta mucho no generalizar—como Epifanio Salido Pavlovich –entre otros—y demás rémoras que han vivido a expensas de los gobiernos en turno y, gozando de contratos millonarios, mientras a sus guardias, prácticamente los matan de hambre.
Lo peor , como dice mi compadre Rodolfo, “van a misa los domingos” ; son los peores esclavistas: de aquí que la voz de Claudio Huidobro Cárdenas, dirigente de tales guardias en Sonora por la CTM siga en su incansable lucha por el bien de su gente.
Busca, simple y sencillamente que la ley 196 de seguridad privada aprobada el 27 de noviembre de 2017, se aplique “para poner fin a la anarquía que impera en el ramo, combatir el “pirataje empresarial”, el lavado de dinero, la evasión fiscal, el conflicto de intereses y la explotación laboral de más de 28 mil guardias que laboran en más de 400 empresas”.
En su lucha por lo anterior, Claudio Huidobro,–fui testigo—abordó al gobernador por fuera del Congreso del Estado y, éste lo remitió con María Dolores del Río para darle celeridad a su exigencia.
Va pues parte de dicha exigencia.
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