Manuel Fernando López
Desde siempre, el hombre, el género humano ha tenido un sentido feroz de la depredación, de poseer bienes materiales a como de lugar, en aras de lograr un estatus social “diferente” al resto de los mortales; no importa que en este afán se pisoteen derechos, sobre todo de los indefensos.
Mucho de lo anterior, justo es decirlo, ha sido prohijado desde la sombra del poder político en turno y, aquí Sonora, segundo estado en extensión territorial del país, no escapa a esta situación.
Muchas interrogantes surgieron desde el arribo a la Dirección de Bienes y Concesiones del gobierno estatal, del activista Alfonso Cannan Castaños, quien liderara por años, la lucha en contra del abuso de las casetas de cobro y, que hasta ahora se empieza a ver luz al final del túnel; claro con las dificultades intrínsecas propias de feroces intereses económicos y por supuesto burocráticos.
Dichas interrogantes empiezan a aclarase: por lo pronto ya paró en seco a uno de estos depredadores de nombre, Alfonso Holguin, nada menos que secretario general del Sutspes, quien –como muchos—no contaba con los permisos correspondientes para construir.
¿Quién autorizó a este tipo para hacer lo anterior y galopar en la impunidad?: El o los mismos que llevan décadas hinchando sus bolsillos, gracias a complicidades y corruptelas nacidas nada menos que de la propia dependencia citada.
Viene una cacería mayor al respecto; de la cual no escapan ex alcaldes quienes a través de la figura de comodatos detentan enormes terrenos a lo largo y ancho de la entidad.
No son los únicos, en esta cacería no escapan tampoco periodistas –o seudo—beneficiados por gobiernos anteriores y, quienes de la noche a la mañana , pasaron de las eternas estrecheces económicas del oficio a la “odiada” –por AMLO—clase media.
Todo por arrastrarse; especialmente uno.