Manuel Fernando López
Apenas en días pasados fue muy interesante el posicionamiento del aún diputado local –éste si terminará su gestión como tal—Luis Armando Colosio para exigirle al gobierno federal termine de una vez con el criminal cobro en las casetas de nuestra entidad y, dejen ya esta brutal sangría al bolsillo de los sonorenses. Y, cuantos circulan por la carretera número quince, misma que al menos hacia el norte, en concreto de Hermosillo hasta Santa Ana, está hecha pedazos.
El exhorto del legislador básicamente parte de la larga lucha que hace años emprendió en tal sentido el Movimiento por el Libre Tránsito y, en donde desgraciadamente se incrustaron vividores ya mencionados en este espacio periodístico, pretendiendo manchar una lucha por parar en seco el multimillonario negocio de tales concesiones que solo benefician a particulares quienes cuentan con elegantes y costosos fraccionamientos a costillas de los mexicanos; incluso hasta cárceles privadas han construido como consta en documentos.
Bien por el diputado en mención, que prestó oídos y su voz en el Congreso del Estado a estos luchadores , exigiendo en su exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Caminos y Puentes Federales, así como al Banco Nacional de Obras, en primer lugar rendir cuentas a los ciudadanos del destino de tantísimo dinero –claro, ya lo sabemos—y, en segundo por qué aún cuando muchas de estas concesiones ya finiquitaron y, con todo y ésto, continúan operándolas.
La verdad es de admirar la lucha en mención, donde el vocero Alfonso Cannan Castaños, ha tenido que tragar sapos y, encima soportar represalias y, presiones sin fin; ningún peso de los captados por su gente, tiene otro destino más que el de sostener dicho movimiento e incluso han financiado cirugías a muchas personas.
Más el desencanto no termina: hace unas horas le fue concedida a Promotora y Operadora de Infraestructura la construcción, explotación y mantenimiento carretera Real del Monte entronque Huasca en el estado de Hidalgo.
Nada más por treinta años y, con una inversión de dos mil 571 millones de pesos y, adivino usted, al término de los mismos, este gobierno anticorrupción y, sobre todo que “no son iguales” a los anteriores, les darán todas las facilidades a dichos depredadores.
Que país el nuestro.
Basta de tanto latrocinio: El Código












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