Por Dr. Carlos Germán Palafox Moyers
En entregas anteriores señalábamos que algo turbio estaba sucediendo en torno a la deuda de largo plazo de mil 300 millones de pesos (mmdp) autorizada por el Congreso de Sonora, el 24 de diciembre de 2019, al Gobierno del Estado. Han pasado meses y la hipótesis se mantiene debido a que, en aquel momento, se desconocía no solo el destino de los 540 mdp redireccionados, sino del total de la deuda señalada en párrafos arriba.
Se supondría que las dudas generadas en dicho proceso serían despejadas con la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda en el reporte del segundo trimestre -abril, mayo y junio-. Sin embargo, no fue el caso y se desconoce el destino no solo de los mil 300 mdp, sino además del incremento de la deuda de corto plazo por 500 mdp adquirida por el Gobierno del Estado. En lo relativo a la deuda la situación está igual o peor que hace algunos meses en términos de información y transparencia de los recursos.
Vayamos por partes para tratar de encontrar un hilo conductor que permita esclarecer la situación de la deuda en Sonora. Para ello se verán los créditos de corto y largo plazo, así como las instituciones financieras otorgantes de dicho crédio
Deuda de largo plazo
Un primer Contrato de Apertura de Crédito Simple entre el Gobierno del Estado y Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva, hasta por un monto de $500,000,000 M.N. (Quinientos millones de pesos, moneda nacional). A la fecha no se han realizado disposiciones de esta contratación.
Segundo Contrato de Apertura de Crédito Simple entre el Gobierno del Estado y Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva, hasta por un monto de $343,825,911 (Trescientos cuarenta y tres millones ochocientos veinticinco mil novecientos once pesos, moneda nacional). A la fecha no se han realizado disposiciones de esta contratación.
Tercer Contrato de Apertura de Crédito Simple entre el Gobierno del Estado y Bansi, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, hasta por un monto de $500,000,000 M.N. (Quinientos millones de pesos, moneda naciona). A la fecha no se han realizado disposiciones de esta contratación.
La suma de los tres contratos da el monto de la deuda por mil 343 mdp, como se le autorizó a la Secretaría de Hacienda. Asimismo, se considera el Decreto del 16 de abril del 2020 que modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2020, emitido por el H. Congreso del Estado, derivado de la situación surgida por la pandemia de la Covid- 19.
Sin embargo, el principio básico de este rubro es que la contratación de deuda se debe destinar a inversiones públicas productivas o, en su caso, para refinanciamiento o reestructura, tomando en cuenta los gastos y costos relacionados con la contratación de dicha deuda.
En lo referente al primer punto, la finalidad específica de la inversión pública productiva es la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes públicos; la adquisición de bienes que sirvan para equipar dichos bienes o la compra de bienes que presten un servicio público con un fin específico. Estas últimas condiciones limitan la inversión para equipo médico, de laboratorio, de defensa y maquinaria.
Lo que llama la atención y comienza a generar dudas es lo referente al manejo, transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos estipulados en los tres contratos en los que se señala, de manera explícita, que no se han realizado disposiciones de los recursos de esta contratación.
Para cualquier agente racional -público o privado-, cuando se solicita deuda es para darle una utilización eficiente al recurso, que se obtiene de manera expedita con el fin de solventar algún tipo de situación. En este caso, ya han transcurrido siete largos meses y todavía no se dispone del recurso ni mucho menos se sabe el destino que se le dará. La situación económica por la que atraviesa el estado es sumamente precaria, porque ya presentaba tasas negativas de crecimiento antes de la pandemia y con estimaciones de caída de dos dígitos en el centro de la tormenta que significa la pandemia, y no utilizar el recurso es poco racional, por decir lo menos.
Por otra parte, en el reporte del segundo trimestre aparece un nuevo endeudamiento de corto plazo por 500 millones de pesos.
Deuda de corto plazo
La deuda de corto plazo se refiere a las obligaciones con un plazo menor o igual a un año. Se solicita normalmente para hacer frente a la falta de liquidez temporal y tener un gasto público ágil. Este tipo de deuda se puede obtener sin la autorización del Congreso del Estado, pero bajo ciertas condiciones:
Que las obligaciones representen menos del 6% de los ingresos totales, aprobados en su respectiva Ley de Ingresos, sin incluir financiamiento.
Además, que se liquide la obligación al menos tres meses antes de que acabe el periodo constitucional de la administración contratante. Durante esos últimos tres meses no se podrá incurrir en obligaciones. Este último punto es muy importante de considerar, ya que en los próximos meses concluirá el Gobierno actual.
Así, el Gobierno contrató una línea de Crédito Simple con Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple, por un monto de $500,000,000 M.N. (Quinientos millones de pesos, moneda nacional). Sin duda, el fin de las obligaciones de corto plazo debe ser únicamente la solución a problemas temporales de liquidez.
Por otra parte, la estrategia del Gobierno es solventar la deuda de largo y corto plazo, especialmente esta última, para cumplir con la Ley de Disciplina Financiera, pero el costo será muy alto porque seguramente, en medio de la pandemia, se seguirán realizando fuertes recortes de personal, afectando los derechos más elementales de los trabajadores, como fue el caso del deportista Zupo y su familia, así como a las partidas presupuestales.
Los siguientes datos comprueban lo señalado:
El servicio de la deuda directa (capital e intereses) del 1 de enero al 30 de junio de 2020 fue de $2,161,268,692 M.N. (Dos mil ciento sesenta y un millones doscientos sesenta y ocho mil seiscientos noventa y dos pesos, moneda nacional), los cuales se desglosan de la siguiente manera: $1,303,108,469 (capital) y $858,160,223 (intereses).
Los costos adicionales (comisiones, gastos y coberturas) efectuados durante el periodo comprendido durante el segundo trimestre de 2020 son por un total de $160,140,746 M.N. (Ciento sesenta millones ciento cuarenta mil setecientos cuarenta y seis pesos, moneda nacional).
El panorama que presenta el estado es desolador, ya que cuenta con una limitada posición de liquidez, endeudamiento alto y con tendencia a la baja, pero con costos sociales muy altos. Además, el deterioro de la economía mexicana, derivado de la caída en los precios del petróleo y la caída de los ingresos tributarios federales y locales, provocada por la pandemia de la Covid-19, seguirá presionando la solicitud de nueva deuda de parte del Gobierno estatal.
Pero se mantiene la interrogante: ¿Hacia dónde se destinaron los mil 300 mdp de la deuda de largo plazo y los 500 mdp de corto plazo?
- Investigador y Docente del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora y Consejero del Observatorio de Convivencia y Seguridad del Estado de Sonora.