Video YouTube Empresarios y Guardias de Seguridad Privada piden intervención de Claudia Pavlovich
Pretende Secretario de Seguridad Pública favorecer padrinazgos políticos
Por Humberto Corral
Hermosillo.- Someter a guardias de seguridad privada al Examen “C3”, es un desacierto del Secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, consideró Claudio Huidobro Cárdenas, al cuestionar al funcionario de pretender crear “un traje a la medida para favorecer padrinazgos políticos”.
El dirigente estatal del sindicato de los guardias de seguridad privada, afiliados a CTM, aseguró que García Morales está poniendo en riesgo el empleo de más de 20 mil trabajadores del sector, al pretender aplicar un examen exclusivo para cuerpos policiales del Estado, a la Iniciativa Privada.
Solicitó la intervención del Ejecutivo del Estado, Claudia Pavlovich Arellano con el propósito de crear una mesa de diálogo, que permita la intervención de las partes interesadas y evitar se tomen medidas unilaterales, que afectan tanto a los empresarios como al propio trabajador.
Huidobro Cárdenas explicó que el examen – C3 – tiene un costo de más de 7 mil pesos, las empresas no podrán pagar esa cantidad por cada elemento empleado, corriendo el riesgo de que no aprueben el examen; no hay empresa que pague esa inversión; los propios municipios no cuentan con los recursos para evaluar a su personal policial.
Como ejemplo citó que a la fecha se incrementan el número de amparos en contra del C3, de parte de elementos de las fuerzas públicas del estado. “se ha considerado como una medida recaudatoria”, subrayó
Sostuvo, no están en contra de ser regulados, “la propia ley federal del trabajo así lo establece, se hacen verificaciones del personal, que se pactan entre empresa y sindicato; como es que no tengan antecedentes penales, entorno social, calidad moral, problemas de drogadicción, que no tengan tatuajes, que no hayan sido servidores públicos del ramo policial, por razones obvias”.
Como un mal ejemplo que no debe registrarse en Sonora, recordó la huelga sostenida por varios meses contra una “empresa” del estado de México, que nunca se aclaró si pertenecía al gobierno o a la iniciativa privada, de ahí la necesidad de crear una legislación reguladora de las empresas de seguridad privada en la entidad.
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