Reformas y adiciones a diversas disposiciones que permitirán hacer un frente común, homogéneo e impenetrable contra la extorsión telefónica dentro de los centros de readaptación social, así como garantizar la igualdad en derechos laborales a madres adoptivas trabajadoras, aprobó por unanimidad el Pleno de la 59 Legislatura de Sonora.
El primer dictamen fue presentado por las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad Pública, en forma unida, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad para el Estado de Sonora y del Código Penal para el Estado de Sonora.
Por su parte las comisiones de Desarrollo Social y Asistencia Pública y de Gobernación y Puntos Constitucionales presentaron, en forma unida, el proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley del Servicio Civil y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.
En esta sesión ordinaria, la Presidencia turnó a la Comisión de Mejora Regulatoria una iniciativa presentada por el diputado José Enrique Reina Lizárraga, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Sonora.
Expuso que dicha propuesta está enfocada a que Sonora logre mejorar sus índices de competitividad, para lo cual se requiere un equilibrio entre la creación de una infraestructura moderna, la aplicación de políticas públicas eficientes y una regulación ágil que genere un ambiente favorable para la creación de empresas.
“La competitividad es un tema hoy obligado y prioritario en la agenda pública de todo Gobierno. Por ello se pretende que en Sonora, la Comisión de Mejora Regulatoria fortalezca sus facultades y amplíe su competencia para impulsar la adopción de políticas públicas que permitan medirnos, evaluarnos y compararnos con quienes lo hacen mejor, desde una perspectiva regional, nacional e internacional”, afirmó el legislador.
Enviarán exhorto al resto de las legislaturas
El dictamen que plantea la regulación del uso de líneas telefónicas por parte de los internos de los centros de readaptación social, así como sanciones para quienes porten y usen aparatos portátiles de comunicación celular en los reclusorios, tiene su fundamento en una iniciativa promovida por el diputado Marco Antonio Ramírez Wakamatzu, quien propuso se castigue la utilización de un instrumento que pudiera ser utilizado para la comisión de otros delitos.
De acuerdo al dictamen que leyó el propio legislador, se reforman la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad, así como el Código Penal para el Estado de Sonora, con el objeto de sancionar la portación y uso de aparatos portátiles de comunicación celular en los centros de readaptación social en la entidad, con una penalidad que sería de tres a cinco años y de 100 a 300 días multa.
Asimismo se aprobó, dentro del mismo documento, un Acuerdo para exhortar al resto de las legislaturas de los estados, con el fin de que, de no contar con leyes relacionadas con el tema de esta iniciativa, legislen sobre la regulación y el uso ordenado de telefonía y aparatos de comunicación electrónicos al interior de los centros de readaptación social dentro del límite territorial de sus competencias, así como tipificar como delito la conducta de portación o el uso de aparatos de comunicación electrónicos al interior de los reclusorios.
Y a propuesta del diputado David Secundino Galván Cázares, misma que fue aprobada por unanimidad de los integrantes de las comisiones, se le adicionó al dictamen una disposición para que se homologue la tarifa de servicio público telefónico en los centros, tal como está establecido para el resto de los usuarios.
