Manuel Fernando López
Desde hace años, sobre los hombros de Claudio Huidobro Cárdenas, pesa la lucha por la dignidad de los guardias de seguridad en Sonora; en especial por acceso a seguridad social y en consecuencia salarios dignos para hombres y mujeres que deben soportar jornadas agotadoras, casi de esclavos y, la mayoría de ocasiones en condiciones lamentables en sus respectivos puestos a donde los envían.
Este dirigente cetemista , una y otra vez, ha denunciado en los diversos foros las condiciones antes mencionadas y, no pocas veces alzó su voz en el Congreso del Estado, para exigir legislar en este rubro y meter al orden y Basta legalidad a tantas empresas de seguridad privadas.
Sobre todo para aquellas surgidas al amparo del poder en turno Argus, Fasa, Sisps, Shalom, Cassa, entre otras; la primera, propiedad de Epifanio Pavlovich Salido –¿ les suena el apellido?—y, obviamente con la bendición desde el gobierno para agenciarse contratos millonarios, así sea esclavizando a sus empleados y, en la mayoría de los casos, negándoles protección social y, ¡obvio¡ salarios dignos.
Basta recorrer muchas dependencias tanto de gobierno como de empresarios, para darse cuenta que al guardia privado, hasta lo usan tanto para ir por tortas, sodas y demás menesteres de los empleados, cuando esto no está incluido en sus deberes.
Hace horas, Claudio y varios de sus guardias fueron atendidos por fuera del palacio de gobierno donde les recibieron el siguiente texto dirigido al gobernador Alfonso Durazo Montaño para exigir la aplicación plena de la ley 196 de seguridad privada de Sonora.
Salen partes textuales del documento: “El espíritu de la ley es garantizar un servicio de alta calidad a clientes, usuarios y a la sociedad mediante la efectiva regulación por el Estado, certeza para los inversionistas , la profesionalización y certificación en estándares de competencia de los programas federales (…) garantizando los derechos laborales de los guardias de seguridad”.
También dicha inquietud la dirigen a María Dolores del Río, secretaria de seguridad pública para “cumplir y hacer cumplir la ley 196 de seguridad pública publicada desde el 27 de noviembre del 2017 (…) sanción y en su caso, clausura de las empresas sin permiso de la Secretaría para operar en Sonora como lo manda el artículo 48 de la ley…”.
Bien por Claudio; ahora el balón está en el terreno del gobierno estatal y, su promesa de atacar la corrupción.