El diputado del Grupo Parlamentario de MORENA detalló que el 15 de enero del 2021, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización de dicho instituto, referente al cálculo de financiamiento para actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña electoral y actividades específicas para los partidos políticos, así como para los gastos de campaña para las candidaturas independientes, del ejercicio fiscal 2021.
Solicitó al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana realice los mecanismos técnicos y legales, a efecto de hacer entrega del financiamiento público al que tienen derecho los partidos políticos en Sonora, específicamente, los relacionados para gastos específicos y gastos de campaña para evitar afectar derechos político-electorales de los ciudadanos y, además, generar una contienda electoral desequilibrada e inequitativa entre los contendientes.
Así mismo exhortó a los titulares del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Hacienda para que en ejercicio de sus facultades y funciones legales, logren un estado de derecho más democrático en Sonora, bajo las premisas de imparcialidad, equidad, igualdad y legitimidad en los resultados comiciales, además haga entrega al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en Sonora los recursos públicos etiquetados para gastos de campaña a fin de que realice la distribución correspondiente del mismo a los partidos políticos y candidaturas independientes de la entidad.
«Con la presente iniciativa se busca evitar que se afecte el derecho constitucional de los ciudadanos a ser informados de las plataformas, propuestas de gobierno o de trabajo de los candidatos o candidatas a los diferentes cargos; así como también, evitar una contienda electoral desequilibrada e inequitativa entre los contendientes», señaló.
Piñuelas León agregó que diversos partidos políticos han presentado ante el Tribunal Estatal Electoral una serie de recursos legales debido a la omisión del Organismo Público Local Electoral, en hacer la entrega de los recursos públicos referente a diferentes conceptos, entre ellos, el financiamiento para gastos ordinarios, actividades específicas, pago de representaciones y de gastos de campaña.