Reforman disposiciones jurídicas para garantizar identidad de género y libre acceso a las playas

Hermosillo, Son., septiembre 29 de 2020.- Reformas a diversas disposiciones jurídicas que garantizan el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, el acceso libre a los bienes de uso común desde la vía pública y en condiciones dignas para todo tipo de usuarios, y la creación de una unidad técnica para la igualdad de género en el Congreso del Estado, aprobó el Pleno de la LXII Legislatura.

En esta última sesión de septiembre, en la cual se eligió a la mesa directiva para el mes de octubre, que estará encabezada por el diputado Carlos Navarrete Aguirre, la asamblea también aprobó una nueva Ley de Servicios Inmobiliarios para el Estado de Sonora, y decretos que modifican las leyes de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y de Promoción y Fomento Minero para el Estado de Sonora.

También se aprobó la integración de la Comisión de Atención a Migrantes, y dos acuerdos con exhortos dirigidos a autoridades de los ámbitos federal y estatal, en materia de pesca en el Golfo de California y de abasto de agua potable en el municipio de Cananea, Sonora.

El primero de los dictámenes presentados en esta sesión ordinaria correspondió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Registro Civil para el Estado de Sonora en materia de identidad de género, el cual se fundamentó en una iniciativa presentada en junio de 2019 por la diputada Miroslava Luján López.

Cualquier ciudadana o ciudadano que quiera realizar la adecuación de su identidad de género autopercibida, podrá hacerlo formalmente a través de un trámite administrativo claro y sencillo ante las oficinas del Registro Civil del Estado, que le garantice y facilite el ejercicio del derecho a su libre desarrollo de la personalidad, con el fin de modificar su acta de nacimiento para variar su sexo e identidad, sin que tenga que promover un juicio para esos efectos, establece.

Para la elaboración de este dictamen, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos le requirió la opinión a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuyo Secretario General respondió que se trata de una iniciativa que tiene su fundamento en criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconocen derechos de las personas que forman parte de la comunidad LGTBTTTIQ, y que en el caso concreto tiene relación directa con la identidad de género autopercibida.

El Decreto establece que la persona interesada podrá corregir en su acta de nacimiento el sexo o el género, sin necesidad de acudir ante la autoridad judicial, sino solamente ante el Oficial del Registro Civil.

Enseguida se aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones del Artículo 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora, que tiene por objeto establecer la obligación de las autoridades municipales de garantizar el acceso libre a los bienes de uso común desde la vía pública y en condiciones dignas para todo tipo de usuarios.

Igualmente busca garantizar el libre acceso de las personas a las playas ubicadas a lo largo y ancho del territorio sonorense, por lo que no se contrapone con los términos establecidos en la reforma a la norma federal, sino que la robustece y se anticipa a lo que seguramente corresponderá realizar a esta Soberanía en el quehacer parlamentario, en materia de actualización del marco jurídico local, estableció la dictaminadora.

Este proyecto de Ley se basó en una iniciativa presentada el año pasado por la diputada María Dolores Del Río Sánchez, quien planteó reformar la Constitución local para dar un gran paso en aras de atender una añeja problemática que tiene que ver directamente con los derechos de los ciudadanos para transitar libremente por las playas. Las autoridades municipales tendrán la potestad de reconocer, proteger y garantizar el referido derecho.

En el orden del día siguió la presentación del dictamen presentado por la Comisión para la Igualdad de Género, con proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el objeto de crear la Unidad Técnica para la Igualdad de Género en el Congreso del Estado.

De acuerdo a la lectura del resolutivo, que estuvo a cargo de la diputada María Alicia Gaytán Sánchez, dicha unidad tiene como fin promover, proteger y respetar los derechos humanos y de empoderamiento social y laboral de las mujeres al interior de este recinto legislativo, con la cual se espera que este Poder sirva de ejemplo y que los demás entes públicos que integran los otros poderes, ya sea en el ámbito estatal o municipal, hagan lo propio en pro del reconocimiento y respeto de los derechos de la mujer.

“Este Poder Legislativo ha estado atento en realizar de manera oportuna su labor legislativa en materia de igualdad de género. En el Pleno de este Congreso se han aprobado una serie de iniciativas de ley o de decretos que empoderan a las mujeres, iniciativas presentadas por distintos actores políticos y de la sociedad civil, desde la titular del Ejecutivo del Estado, los legisladores de este Congreso, hasta proyectos presentados por diversos colectivos feministas de nuestra entidad”, destaca uno de los considerandos.

Todo ello con la finalidad de erradicar la violencia de género en todas sus formas o presentaciones, como la violencia política, violencia obstétrica, violencia familiar, violencia sexual y el acoso sexual, agrega, así como lograr la igualdad de género de manera vertical y transversal en la integración de los cargos y puestos públicos.

Como siguiente punto del orden del día, el Pleno aprobó el Decreto que reforma los artículos transitorios tercero, cuarto y quinto de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, a efecto de modificar los plazos contenidos en los mismos, los cuales se establecieron cuando fue aprobado dicho ordenamiento, el 12 de junio de 2018 y por lo tanto, han quedado desfasados para el cumplimiento de las autoridades municipales en la materia.

La diputada Gricelda Lorena Soto Almada expuso, a nombre de la Comisión de Desarrollo Urbano, que de esta manera, las autoridades dispondrán de más tiempo para allegarse información y realizar las acciones previas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones que les impone en dichos transitorios la Ley en la materia, lo que evitará problemas en este ámbito a la administración pública y a la ciudadanía.

La misma dictaminadora presentó el proyecto de Ley de Servicios Inmobiliarios para el Estado de Sonora, con base en una iniciativa del diputado Jorge Villaescusa Aguayo, quien explicó a la asamblea que a casi dos décadas de la entrada en vigor de la actual Ley que crea el Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios, esta ha quedado desfasada y sirve poco a las necesidades del sector inmobiliario.

Sobre todo para dar una adecuada respuesta a las demandas de los numerosos ciudadanos que requieren de servicios confiables por parte de los asesores de dicho sector productivo, indicó, lo que hace necesaria una normatividad más completa para crear un registro que se constituya en una mejor herramienta para los usuarios de los servicios inmobiliarios y los profesionales que los ofrecen.

Con la nueva legislación se pretende crear una mejor regulación para las actividades inmobiliarias a efecto de dar más seguridad a los usuarios de este servicio; otorgar mayor certidumbre jurídica en relación a las operaciones inmobiliarias que se realicen en el Estado; que los servicios del sector se presten con profesionalismo y conocimientos, debidamente acreditados y certificados, entre otros aspectos.

El Pleno también aprobó el Decreto que reforma el Artículo 18 de la Ley de Promoción y Fomento Minero para el Estado de Sonora, con el objeto de permitir que los empresarios e inversionistas mineros que operen como personas físicas o morales establecidos o por establecerse en la entidad, además de reunir los requisitos establecidos por las leyes fiscales respectivas, deban cumplir que al menos el 70 por ciento del personal que labore en sus instalaciones sean habitantes del Municipio en el cual se encuentren establecidas sus respectivas empresas mineras.

Esto les permitirá tener derecho a acceder a los diversos incentivos fiscales que marca la Ley en la materia, con la finalidad de que los beneficios directos de la actividad extractiva se queden en el Municipio donde esta se desarrolla, expuso a nombre de la Comisión de Minería, el diputado Carlos Navarrete Aguirre.

Aprueban tres acuerdos y turnan iniciativas a comisiones

En esta sesión ordinaria se aprobaron tres acuerdos, el primero que resuelve exhortar al Ayuntamiento de Cananea, a la Dirección General Noroeste de CONAGUA, a la Unidad Operativa del CEA Cananea, en funciones de organismo operador, y a la Comisión Estatal del Agua, para que establezcan un convenio compromiso de colaboración con el objeto de atender de forma inmediata cualquier contingencia de desabasto de agua en dicha municipalidad, a propuesta de la diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada.

El diputado Lázaro Espinoza Mendívil propuso exhortar a los titulares de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Marina, para que soliciten al Gobierno de Estados Unidos, a través de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, que libere el embargo comercial que aún mantiene sobre los productos pesqueros capturados en el Norte del Golfo de California por embarcaciones menores y de mediana altura.

El tercer Acuerdo, a iniciativa de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, CRICP, resuelve crear la Comisión de Atención al Migrante, toda vez que al haber quedado establecida como permanente en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es necesario quede sin efecto el Acuerdo número 89, de fecha 12 de febrero de 2019, mediante el cual se creó dicho órgano legislativo de manera especial.

La comisión estará integrada por los diputados Miroslava Luján López, presidenta; Yumiko Yerania Palomárez Herrera, Filemón Ortega Quintos, Fermín Trujillo Fuentes y Leticia Calderón Fuentes, secretarios.

En el desarrollo de la sesión ordinaria, el presidente de la mesa directiva, diputado Luis Armando Colosio Muñoz, turnó a comisiones de dictamen legislativo siete iniciativas con proyectos de decreto para modificar diversas disposiciones jurídicas.

La diputada Ernestina Castro Valenzuela presentó un proyecto de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, y otro proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Sonora, de la Ley de Hacienda del Estado y de la Ley de Hacienda Municipal, todos en materia de condonación de impuestos.

Explicó que en el ámbito local no se ha hecho lo suficiente para que se sancione a los servidores públicos involucrados en faltas graves por actos de corrupción, ni tampoco en el tema de transparencia, por lo que con su iniciativa busca combatir la corrupción, garantizar la austeridad y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, así como el fortalecimiento de las instituciones locales.

“Es importante crear los instrumentos jurídicos necesarios para cerrar el paso a la corrupción y uno de estos lo constituye esta iniciativa con la cual el Ejecutivo del Estado no podrá condonar el pago de impuestos como se hizo en el pasado, ocasionando un daño patrimonial al Gobierno estatal y al interés general de la población sonorense”, aseveró.

La iniciativa se turnó para estudio a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y Primera y Segunda de Hacienda, en forma unida, mientras que la Comisión de Deporte estudiará la presentada por el diputado Orlando Salido Rivera, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Artículo 10 de la Ley de Cultura Física y Deporte.

Su intención, dijo, es cerrar un círculo en el que pueda darse aprovechamiento total a los distintos deportistas que destacan, que no se queden en un talento inmóvil y sin descubrimiento en lo municipal, local o regional, para lo cual propone establecer tiempos periódicos para visitar instituciones educativas y organizaciones deportivas en busca de talentos en la participación de todas las ramas o categorías del deporte.

El diputado Luis Mario Rivera Aguilar presentó enseguida una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de protección ciudadana contra los efectos nocivos del cigarro, con el objeto de reducir el riesgo notorio que representa la mala disposición de colillas y, a la vez, dar un paso hacia la satisfacción de los derechos medioambientales en el Estado.

Las colillas son un desecho que ha sido normalizado y que ha colaborado enormemente en la contaminación de los suelos y mares, ya que posiblemente son uno de los desechos más comunes con los que se encuentran las personas día a día, y un solo filtro tiene la capacidad de contaminar alrededor de 15 litros de agua del mar, mientras que cada año se desechan alrededor de 4.5 trillones de colillas.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, y la de Justicia y Derechos Humanos estudiará el proyecto de decreto presentado por el diputado Luis Armando Colosio Muñoz, a efecto de adicionar diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Sonora para erradicar la difusión de imágenes revictimizantes en los medios impresos y electrónicos del país, sin afectar la libertad de expresión de los particulares.

Propuso adicionar un capítulo IV al Título Décimo Séptimo y el artículo 291 bis a la legislación punitiva, para establecer lo siguiente:

Comete el delito contra la dignidad de la víctima u ofendido, y se sancionará con una pena de dos a ocho años de prisión y multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a quien, en su carácter de Primer Respondiente en el Sistema Penal Acusatorio, exponga, difunda, transmita, enajene, o publicite por cualquier medio imágenes, fotos, videos, audios o datos derivados de la comisión de un delito de los cuales tenga conocimiento en razón de su cargo.

La Presidencia turnó enseguida a la Comisión de Salud, una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un título octavo bis a la Ley de Salud para el Estado de Sonora, presentada por el diputado Miguel Ángel Chaira Ortiz, quien propuso garantizar una muerte digna y tranquila a las personas contagiadas por COVID-19 y que se encuentren en fase terminal.

“Propongo incluir un apartado especial en la Ley de Salud para el Estado de Sonora, para garantizar a las y los pacientes contagiados por Covid-19 y que se encuentran hospitalizados y en estado terminal tengan derecho a tener a un familiar que los acompañe en el tiempo de vida que les quede de vida y puedan despedirse tranquilamente de sus seres queridos”, expresó.

Y para eliminar la figura del divorcio necesario del Código de Familia, el diputado Rodolfo Lizárraga Arellano presentó una iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de dicha norma, por considerar, dijo, que es anticonstitucional y obsoleto, además de que existe jurisprudencia sobre esto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió: divorcio sin expresión de causa constituye una forma de ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

“Necesitamos entrarle al análisis de estos temas en conjunto con la sociedad, las organizaciones de abogados y abogadas, pues Sonora se ve rezagado en reconocimiento de derechos a las personas, afectando el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El Código de Familia necesita una reforma de fondo”, afirmó.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, mientras que la Primera y Segunda de Hacienda estudiarán un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora y de la Ley Estatal de Responsabilidades, presentado por la diputada Diana Platt Salazar.

Informó que, en atención a las recomendaciones reiteradas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se propone adicionar una fracción VI al Artículo 51 de la Ley de Contabilidad, para contemplar el daño o inutilización de los sistemas y equipos contables que se encuentren en pleno funcionamiento de los entes públicos.

“Al sancionar esta conducta se pretende inhibir su comisión, evitando por una parte que administraciones salientes puedan dañar deliberadamente sistemas contables y por el otro que administraciones entrantes realicen gastos innecesarios que traigan como consecuencias afectaciones al patrimonio del ente público”, externó.

En la iniciativa también se propone incorporar en el catálogo de faltas administrativas graves de los servidores públicos previstas en la Ley Estatal de Responsabilidades, las concernientes al incumplimiento de las obligaciones establecidas en la de Contabilidad Gubernamental, dado que actualmente la legislación no lo contempla, cuando el servidor público que directamente haya ejecutado actos o incurra en omisiones que transgredan las disposiciones en la materia, o a quien haya omitido la revisión o autorizado tales actos que impliquen dolo, culpa, negligencia o mala fe.

Antes de clausurar la sesión y citar para la próxima el 1° de octubre, a las 10:00 horas, el Pleno aprobó la designación de los integrantes de la mesa directiva que ejercerá funciones a partir de este jueves. Junto al diputado Carlos Navarrete Aguirre estarán los diputados Miroslava Luján López, como vicepresidenta; Rodolfo Lizárraga Arellano, como primer secretario; Fermín Trujillo Fuentes, como segundo secretario; y Nitzia Corina Gradías Ahumada, como suplente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.