Manuel Fernando López.
Mientras el grueso de litigantes en Sonora, deben esperar con paciencia e impotencia, se abran de nuevo los tribunales del Supremo Tribunal de Justicia, para continuar –o en su caso iniciar—con sus diversos asuntos; dentro de éste y, con pleno conocimiento de su titular, Francisco Gutiérrez Rodríguez, un prevaricador hace de las suyas disponiendo de la estructura judicial para destrozar a un hombre inocente enviándolo a la cárcel.
Días ha, bajo el título de “¿El poder de la ley o, la ley del poder?”, en este espacio abordé cómo el juez venal Vladimir Sosa Jordán en connivencia con el fiscal Brandon Muñoz, armaron al vapor una carpeta de investigación contra Diego Enrique Varela Barrera y, en forma ultra rápida, el segundo giró orden de aprehensión por los supuestos delitos de extorsión y despojo contra el modesto trabajador de Uber, quien como ya demostró la defensa jamás estuvo en la toma del libramiento carretero –un asalto al ciudadano—al sur de esta ciudad.
Todo lo antes descrito, en plena pandemia, con juzgados sin personal ante el temor de contagio; entonces ¿cómo y de que influencias se valieron este par de prevaricadores para encerrar a un inocente?.
Esta y otras preguntas debe responder el titular del STJ, Francisco Gutiérrez Rodríguez o, de plano se aplica la “ley del embudo” –ancho por un lado y estrecho por otro–en un poder donde la ley y la justicia deben marchar juntos.
Por desgracia en este caso no es así y, la diosa con una venda en los ojos, debe en estos momentos traer ya, un tapabocas cubriéndole la nariz, para no oler tanta asquerosidad en su nombre.
¡Ah!, para hacer lo antes descrito, no fue obstáculo la pandemia; ni para el empleado de Claudia Indira Contreras, menos para el de Francisco Gutiérrez Rodríguez y, en cambio para el abogado Filomeno Vásquez Borja, le maniataron las manos, “porque están cerrados los juzgados hasta nuevo aviso”.
Lo dicho, la ley del embudo y, en el suelo pisoteada –empezando por su titular—la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Delito de prevaricato: consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicten una sentencia arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas que la misma es injusta y contraria a la ley”.
Ambos –fiscal y juez—hicieron exactamente lo anterior; peor aún en el caso del juez, con el visto bueno de su jefe.
¡Alea jacta est!