Hermosillo, Sonora (14 de marzo de 2019). – El diputado de MORENA por el IV distrito, explicó que los órganos de control y fiscalización son los pilares que sostienen el principio de legalidad en cada uno de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno; por ello, su ausencia o debilidad está directamente relacionada con la discrecionalidad, opacidad y corrupción de un gobierno.
“La implementación del sistema constituirá la suma de voluntades de los organismos encargados del control y la fiscalización de la administración pública en Sonora, para dar cumplimiento a los nuevos mecanismos contra la corrupción que se desarrollan en el país, estableciendo el marco legal apropiado para promover su desarrollo y estrategias que realmente permitan coordinar sus esfuerzos”, explicó.
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece que el Sistema Nacional de Fiscalización tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de coordinación entre los integrantes del mismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el intercambio de información, ideas y experiencias, encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.
“Promover la creación del Sistema Estatal de Control y Fiscalización conjugarán los esfuerzos técnicos, operativos y legales del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la Secretaría de la Contraloría General, las contralorías de los ayuntamientos y los órganos internos de control de las instancias que integran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, indicó.
Colosio Muñoz detalló que, en Veracruz, Chiapas, San Luis potosí y Baja California ya fue implementado el sistema, todos con el objeto de establecer acciones y mecanismos de coordinación en el ámbito de sus respectivas competencias, encaminadas a la fiscalización de los recursos públicos.
El Sistema Estatal de Control y Fiscalización permitirá delimitar la actuación y función entre los órganos, establecer bases técnicas homogéneas y criterios entre los integrantes, coordinar criterios y promover prácticas para la mejora de la gestión gubernamental y protección de los recursos públicos.
Así mismo evitará duplicar la revisión de los mismos recursos, desviará la labor de los organismos revisados y promoverá la profesionalización de los órganos de control y fiscalización.