Proponen profesionalizar servicio que prestan bomberos y paramédicos

Hermosillo, Son., febrero 25 de 2019.- A que se considere la prestación de servicio de Bombero y Paramédico o Socorrista como profesión calificada dentro del organigrama de la Coordinación Estatal de Protección Civil, para que perciban sueldo y prestaciones de Ley, exhortará la LXII Legislatura a la titular del Ejecutivo estatal.

En la sesión ordinaria de este martes, la diputada Leticia Calderón Fuentes presentó la iniciativa referida con punto de Acuerdo, bajo el considerando de que es una necesidad apremiante establecer e institucionalizar la profesión de bombero calificado en el Estado, y que ésta se desarrolle con reglamentos y medidas necesarias para garantizar la seguridad civil, la prevención y el control de incendios, así como emergencias y derrames de sustancias peligrosas, entre otros.

“Considerando que la mayoría de los ciudadanos que se dedican a prestar sus servicios como bomberos y paramédicos en el Estado aún no están considerados como empleados, sino como voluntarios, no perciben sueldo como tal y trabajan sin ninguna prestación económica, sino que cada municipio a su consideración acoge a una cantidad mínima de estos servidores públicos para pagarles por su labor tan loable y de primera necesidad para nuestra sociedad”, aseveró.

La diputada Calderón Fuentes expuso que en muchos países y en algunos municipios de México, estas actividades son consideradas de primera necesidad por el servicio que prestan, de ahí que sea necesario que en la entidad, la Coordinación Estatal de Protección Civil cuente con estas posiciones calificadas y sean asignadas a los departamentos de bomberos municipales y a las delegaciones de la Cruz Roja.

En la plenaria de hoy, el presidente de la mesa directiva, Francisco Javier Duarte Flores, turnó a comisiones dictaminadoras un proyecto de ley que reforma la Constitución local y cinco proyectos de decreto para modificar diversas leyes, presentados por diputados y grupos parlamentarios.

El diputado Héctor Raúl Castelo Montaño presentó una propuesta para adicionar la Ley de los Derechos del Contribuyente del Estado de Sonora, con el objeto de crear la Comisión Estatal de Defensa del Contribuyente.

Sostuvo que si bien los argumentos expositivos que dieron pie a la Ley son acertados y ésta constituye una acción legislativa progresista en pro de los derechos humanos en materia fiscal, dicho ordenamiento aún tiene un vacío, ya que se limita a definir y reconocer los derechos que tienen en la materia, y se ha dejado a un lado la parte de la defensa fiscal de los contribuyentes, con lo cual se daría una protección integral a sus prerrogativas.

La iniciativa se turnó para estudio a la Primera Comisión de Hacienda, mientras que a la Segunda de Hacienda y de Educación y Cultura, en forma unida, se envió la presentada por el diputado Luis Armando Alcalá Alcaraz, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora.

Su propuesta consiste en que de la recaudación obtenida por los conceptos fiscales generados por la actividad de fabricación y demás que contempla la Ley, un porcentaje sea destinado al Instituto de Becas y Crédito Educativo, con el fin de que éste se encuentre en posibilidad de ampliar la cobertura de subsidios y apoyos a la educación.

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad se turnó una iniciativa presentada por la diputada María Magdalena Uribe Peña, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Adultos Mayores del Estado de Sonora, con el objeto de anexar a ésta la definición de situaciones de riesgo o desamparo.

Lo anterior es para dar certeza jurídica y garantías de protección a las personas adultas mayores, dijo, ya que en la legislación actual no se considera y deja el término a la interpretación. Se entenderá como situaciones de riesgo o desamparo cuando por problemas de salud, abandono, carencia de apoyos económicos, familiares, contingencias ambientales o desastres naturales, se requiera asistencia y protección del Gobierno del Estado, de los municipios y de la sociedad civil.

Y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue remitida la iniciativa con proyecto de ley que adiciona una fracción XVIII BIS al Artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Sonora, presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con el objeto de otorgarle la facultad al Poder Legislativo de nombrar y remover a los titulares de los órganos de control interno de los organismos autónomos de la administración pública estatal.

El diputado Gildardo Real Ramírez explicó que se trata de una homologación a lo que dispone la Constitución Federal, donde ya está establecida la facultad en cuanto a lo que compete al Congreso de la Unión, mientras en el Estado el escenario que impera es otro, por lo que es necesario darle esa facultad al Legislativo de remover, cambiar y/o poner titulares de dichos órganos.

Los organismos autónomos son el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información, la Universidad de Sonora, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Consejo Ciudadano de Transporte Público Sustentable, el Tribunal Estatal Electoral, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, el Congreso del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia.

La diputada Diana Platt Salazar presentó por su parte una iniciativa con proyecto de decreto para modificar las leyes de Salud Mental y de Prevención, Tratamiento, Rehabilitación y Control de Adicciones del Estado de Sonora, con el fin de homologar los criterios que existen en el ámbito federal para la atención de personas con padecimientos mentales, así como el tratamiento, rehabilitación y control de adicciones.

Expuso que la idea es que una persona con ese tipo de problemas pueda ingresar, de manera voluntaria, a una institución pública para tratarse o rehabilitarse, ingreso que procedería sólo cuando fuere solicitado por un familiar, tutor o representante legal, además de justificación médica, que medie una valoración que sustente y justifique la necesidad de atención, y si se tratase de un peligro grave o inmediato para la persona o para terceros. La iniciativa se turnó a la Comisión de Salud.

En esta sesión ordinaria no se dispensó la segunda lectura al proyecto de decreto que modifica diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por lo que la Presidencia informó que será leído de nuevo en la sesión de este jueves 28 de febrero, misma que iniciará a las 10:00 horas.

 

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