El vil fraude de la LXII Legislatura
HECTOR FROYLAN CAMPOS
A escasos días de estrenada, la LXII Legislatura asomó un rostro perversamente conocido. Sin duda, se trata de una de las peores caras de la política que no distingue credos ideológicos ni colores partidistas. Y ocurre desde tiempos inmemoriales, cuando el infortunio de los desposeídos irrumpe en el discurso de la clase política invocando acciones en nombre de una oportunista solidaridad humana que solo existe de los dientes hacia afuera. Hay que decirlo con todas sus letras: lucrar políticamente con la desgracia ajena, es un acto ruin y despreciable. En el caso que nos ocupa, lo más deplorable aún, es que diputados y diputadas no hayan acreditado el cumplimiento de sus propias decisiones, acuerdos que —supone uno— están dotados de imperativos legales. La historia de lo que bien pudiera constituir un vil fraude comenzó a escribirse casi a finales de septiembre pasado, unos días después de que la región del sur del estado fuera azotada y devastada por una depresión tropical. Fue ahí cuando —reza el refrán— los legisladores vieron “el caballo ensillado y se les ofreció viaje”. En la tercera sesión ordinaria de la recién instalada Legislatura, el diputado representante del Distrito XXI de Huatabampo, Filemón Ortega Quintos, llevó a la tribuna un punto de acuerdo en el que palabras más palabras menos dramatizaba sobre las penurias que sufrían las familias afectadas por las lluvias principalmente en el valle del mayo. Y urgía a la Gobernadora para que no dejara una sola persona sin ayuda, al tiempo que solicitó un informe sobre los programas implementados para resolver la contingencia. La respuesta llegó de inmediato: el priista Jorge Villaescusa Aguayo obsequió un pormenorizado balance de la situación; de las acciones emprendidas por los gobiernos federal, estatal y municipales en la zona de desastre; de las campañas sanitarias y la logística aérea y terrestre implementada por el Ejército y la Marina para la entrega de víveres, medicinas y otros insumos a la población perjudicada. Refirió que al menos 170 mil habitantes de once municipios padecían los estragos del meteoro que dejó precipitaciones pluviales más allá de los rangos históricos. Luego, propuso a los asambleístas crear un fondo de ayuda para reunir artículos de urgente necesidad y se nombrara a Ortega Quintos como enlace del Congreso y la Cruz Roja para hacer llegar las aportaciones. Enseguida, la navojoense legisladora de MORENA, Griselda Lorena Soto Almada, imprimió mayores dosis de dramatismo al suceso: calificó como una “terrible catástrofe” lo acontecido en ese jirón de la geografía sonorense. Relató que había comunidades muy marginadas de Alamos donde se carecía de alimentos, agua y de energía eléctrica. Que estaban incomunicadas. Que había familias viviendo bajo los árboles — “tengo imágenes”, afirmó— ya que sus viviendas de adobe quedaron deshechas. Que existía el riesgo latente de presentarse epidemias. A esas alturas de la plenaria, a don Filemón ya le había entrado el aire. Y de nuevo tomó el micrófono. De repente se alzó como el salvador de toda la comunidad en desdicha. “Estamos sirviendo de enlace entre los tres niveles de gobierno y la población para que les lleguen los apoyos necesarios y suficientes. Personalmente he estado pendiente. Hemos estado organizando el apoyo a todas las poblaciones damnificadas”, presumía el galeno.
APLAUSOS PARA RODOLFO Y MIROSLAVA
A sabiendas que el acuerdo se discutía en lo general, los oradores se afanaban en formular propuestas en lo particular. Como la del coordinador de Nueva Alianza, Fermín Trujillo Fuentes, quien luego de ilustrar cómo en nuestro país se han venido creando instrumentos para prevenir y atender las situaciones de desastre y emergencias causadas por diversos fenómenos naturales, sugería focalizar recursos en la discusión del presupuesto para las poblaciones afectadas. Al rollo frijolero de Carlos Navarrete le siguió la diputada de Caborca, María Alicia Gaytán Sánchez, quien pidió integrar una comisión para ir personalmente a entregar el apoyo. Entonces, surgió la voz del coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, Rodolfo Lizárraga Arellano, para plantear que cada uno de los 33 integrantes del Congreso donara 5 mil pesos de su peculio, lo cual haría un total de 165 mil pesos “y que ese recurso se utilice para comprar agua y medicamentos”, dijo. Un chubasco de aplausos en el pleno y entre el público celebró la proposición del guaymense.
Ciertamente los congresistas debutantes aún no recibían su primera quincena, pero Lizárraga Arellano convino en que todos tenían la solvencia económica para aportar esa cantidad equivalente a un día o dos de su sueldo. De acuerdo con el número de damnificados que había reportado inicialmente el diputado Villaescusa Aguayo, la aportación económica de los legisladores alcanzaría para repartir a cada uno de los afectados poco menos de mil pesos. O quizá la “milpa” completa porque la diputada Miroslava Luján López sorprendió a la asamblea con un generoso gesto de solidaridad al comprometer para la causa una donación personal de 10 mil pesos. Y si Pitágoras no miente, la bolsa alcanzó los 170 mil pesos. El resto de los participantes en el debate Jesús Alonso Montes Piña y Lázaro Espinoza Mendívil, del PES, Gildardo Real Ramírez, del PAN, Luis Mario Rivera Aguilar, del Verde Ecologista y María Dolores del Río Sánchez, de Movimiento Ciudadano, respaldaron las propuestas de sus colegas, pero especialmente aquella que arrancó la espontánea aclamación de propios y extraños: el desembolso de los 5 mil pesos. Cuando la titular del Congreso, Rosa María Mancha Ornelas, preguntó al ponente de la iniciativa original si aceptaba se añadieran al acuerdo los planteamientos de sus compañeros, un extasiado y conmovido Filemón Ortega se declaraba embargado de emoción y las recibía y agradecía “de todo corazón”. El resolutivo quedó sancionado con el voto unánime del pleno y no obstante que nunca se nombró a la comisión, ésta nació con dos acomedidos: Filemón Ortega, al que la asamblea le dio el visto bueno para encabezarla y Griselda Soto, la que se incorporó por decisión propia.
INFORME AL VAPOR
Ahora bien: no creo que ésta sea la primera ni la última ocasión que a los integrantes de la Legislatura les gana el deseo de hacerse notar o el legítimo interés por granjearse el reconocimiento público. En estricto sentido, su labor legislativa los sitúa en un plano protagónico como corresponsables del ejercicio de gobierno. Buena parte de la felicidad, el bienestar y el desarrollo de la gente y sus comunidades, tiene como sustento la correcta toma de decisiones en la confección de la norma jurídica.
Por otro lado, es indudable que el Poder Legislativo también juega un papel preponderante cuando se asume como el gestor primario de las demandas más sentidas de la sociedad las cuales busca atender y solventar con el concurso de las demás instancias gubernamentales. Y en este apartado es preciso hacer notar un detalle: que poco o nada se sabe acerca del seguimiento o resultado de sus exhortos o acuerdos. Por ello fue que tratamos de hurgar alguna información o documentación que obrara como probanza de que efectivamente se había cubierto el compromiso suscrito durante la sesión del martes 25 de septiembre del año pasado puesto que jamás se volvió a tocar el tema. Evidentemente, alguien alertó al diputado Filemón Ortega Quintos sobre la petición hecha a través del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El caso es que, en el orden del día para la plenaria del 19 de febrero apareció publicado en la Gaceta Parlamentaria el “Informe de Actividades” que rendiría el presidente de la Comisión Especial nombrada por el Congreso.
A leguas se notó que el escrito se elaboró “al vapor” y para salir al paso. A la hora de votarse la agenda de la sesión, Ortega Quintos solicitó se quitara el punto porque así se lo habían pedido algunos compañeros. No era casual: del documento se desprende el vil engaño hacia la población afectada. En principio, la mentada comisión no se nombró ni el 23 de septiembre (así inicia el informe) porque ese día cayó en domingo; mucho menos el 25 porque nunca se integró debidamente.
Tampoco existe un diputado que se llame Luis Mario Rivera Alcaraz, solo uno que responde a Luis Mario Rivera Aguilar. Uno de los considerandos del acuerdo aprobado (y naturalmente obligatorio) era que cada uno de los 33 integrantes de la LXII Legislatura aportaría la cantidad de 5 mil pesos haciéndose un gran total de 165 mil pesos que se destinarían para la compra de insumos y artículos de primera necesidad para los damnificados. Vamos: no había razón para que cada quien solventara a su muy libre albedrío la entrega de dicha suma. Y resultó que solo 16 (Lázaro Espinoza, Jesús Alonso Montes Piña, Yumiko Yerenia Palomarez, Leticia Calderón, Martín Matrecitos, Ernestina Castro, Fermín Trujillo, Francisco Javier Duarte, Norberto Ortega Flores, Rodolfo Lizárraga, Orlando Salido, Filemón Ortega, Luis Mario Rivera, Nitzia Corina Gradias, Jorge Villaescusa y Jesús Eduardo Urbina) entregaron su óbolo. La diputada Diana Platt Salazar desembolsó 2 mil pesos en dinero y el resto en especie (agua). La legisladora Miroslava Luján López que había prometido donar 10 mil pesos aportó “comprobantes de gastos” por 18 mil 339 pesos y 29 centavos que “ella recolectó de algunos diputados” (¿de quiénes y cuánto aportaron? ¿quién la comisionó para tal efecto?). De la diputada Marcia Lorena Camarena, integrante de la comisión, se recibió una “factura” que amparaba la cantidad de cinco mil pesos. Ese mismo informe, revela que Rosa María Mancha, Raúl Castelo, Miguel Angel Chaira, Magdalena Uribe y Alicia Gaytán, “argumentaron que se pondrían de acuerdo con la diputada Miroslava Luján y Griselda Soto para su respectiva aportación”.
(O sea: después de casi cinco meses aún no sabía el Presidente en qué terminó ese “acuerdo” entre ellos o simplemente no apoquinaron ni un quinto). Al final del día, el escrito que quedó en veremos refiere algo que no aparece por ningún lado:
“anexamos facturas por la cantidad de 82 mil pesos que fue la cantidad total aportada por los diputados”. A resumidas cuentas, lo que se hizo o en qué y cómo se gastó la miserable dávida de los legisladores, es lo de menos. Lo criticable es que no se cumplió cabal y puntualmente el acuerdo tal y como lo habían aprobado. Punto. Eso, aquí y en China, es una ruin y vergonzosa estafa. Así las cosas, resulta lastimoso y repudiable acreditar en los hechos la forma cómo los integrantes de la LXII Legislatura han lucrado con la pena y el dolor de los más jodidos… ¡Qué crueles¡
Es cuanto.