El Congreso de la Unión seguramente aprobará este día jueves 30 de noviembre la ley de seguridad interior. El tema se vuelve complejo y con diversas aristas ya que se va a legalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Desafortunadamente esta ley abre la posibilidad que se incrementen los riesgos en la afectación de los derechos humanos de la sociedad civil.
Veamos la importancia del tema.
En el año 2006, el entonces Presidente Felipe Calderón anunció como una medida temporal y urgente el incremento de las fuerzas armadas para combatir al crimen organizado en el país. El planteamiento central de Calderón consistía en que la presencia militar era necesaria hasta que fuerzas policiales federales, estatales y municipales pudieran asumir profesionalmente sus funciones de seguridad pública. Afirmó que el fortalecimiento y profesionalización de las fuerzas policiales civiles, en particular la policía federal, serían prioritarios.
Una década después, la Marina y el Ejército Mexicano siguen desplegados en apoyo a las tareas de seguridad pública de la policía federal, estatal y municipal. Estamos pues ante la inexistencia de un marco legal para que el ejército pueda participar en operaciones de seguridad pública. Por ello el Congreso Mexicano se apresura a aprobar la Ley de Seguridad Interior. Se busca con ello ampliar y normalizar la presencia militar en la seguridad pública. Las diferentes propuestas que han sido presentadas darían al Presidente el poder de desplegar militares en el país bajo una vaga definición de “seguridad interior”, así como la posibilidad de que los gobiernos estatales soliciten presencia militar en sus estados.
Desafortunadamente el uso del Ejército en operaciones de combate a grupos criminales y en tareas de seguridad pública ha resultado también en graves violaciones de derechos humanos cometidas por soldados, incluyendo casos documentados de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.
Es importante señalar que las fuerzas militares están entrenadas para situaciones de combate en las que se usa la fuerza para oprimir a un enemigo armado. Por el contrario, la policía es un cuerpo civil, entrenado para manejar amenazas a la seguridad pública usando la menor cantidad de fuerza posible y combatir delitos con la cooperación de la población. El ejército y la policía no son intercambiables: cada uno tiene su función específica. Durante estos años de despliegue militar, los soldados han cometido delitos y violaciones de derechos humanos contra civiles; muchos de los casos han sido documentados por las autoridades gubernamentales.
Actualmente, elementos del Ejército y la Marina ya participan en operaciones en contra del crimen organizado, en apoyo las fuerzas civiles en regiones con problemas de violencia, aunque estas no son las funciones que la ley les mandata. En octubre del 2016 se reportó que los soldados participaban en operaciones en 23 de las 31 entidades federativas, incluyendo en la Ciudad de México. Lo que paso en el Estado de Nayarit, en meses, nos remite de lleno a la discusión sobre el tema.
La propuesta de la presidencia no alcanzan a ver otra salida más que modificar la ley, para darle seguridad jurídica a un Ejército que está en las calles, cuando éste debería de ir poco a poco regresando a los cuarteles, como lo señaló semanas atrás el General Cienfuegos en su calidad de Secretario de la Defensa Nacional.
Para el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es de carácter urgente el aprobar esta ley que está marcada por el nuevo modelo de justicia penal. Señala “se requiere dotar de facultades al Ejército y la Marina, porque sus detenciones pueden caer en la ilegalidad, porque no tienen facultades a partir del nuevo modelo de justicia penal”.
Por otra parte, los especialistas en el tema como Jorge Javier Romero, del CIDE, califico la iniciativa en discusión como “de dudosa constitucionalidad”, y destacó que deforma el núcleo garantista de la Carta Magna en nombre de la seguridad. Señala “es un tema particularmente delicado, porque si lo que queremos construir es una seguridad humana que ponga en el centro el respeto a los derechos humanos y garantice la reducción eficaz de la violencia, pero con base en el orden jurídico, el peor camino es seguir militarizando la seguridad”.
Por otra parte, Alejandro Anaya, también del CIDE, consideró que “legalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles implica perpetuar y formalizar una política pública que ha dejado saldos negativos en materia de derechos humanos, y no ha sido exitosa en controlar al crimen organizado ni en generar seguridad para la ciudadanía”.
Interrogantes.
Parte de los argumentos que se dan para que las Fuerzas Armadas no regresen a sus cuarteles es que los grupos del crimen organizado son más poderosos hoy más que nunca; entonces, si son más poderosos que hace 10 años ¿qué nos dice esto sobre la estrategia que se ha venido implementando? ¿Dónde quedaron (desperdiciados) los grandes recursos financieros que se utilizaron para esta política?
Por otra parte, los niveles de violencia se han incrementado sustancialmente en este periodo, dentro del marco de esta estrategia. La política de brindar legitimidad a la policía y la expectativa de sanearla al parecer se han tirado a la basura y el único camino que ofrece el gobierno federal son a los militares como única opción. Pareciera que hay un plan para mermar la capacidad de la policía y encumbrar al Ejército. Estamos ante la posibilidad de presenciar una transferencia del poder civil al poder militar.
Para las diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, así como especialistas y militares retirados señalan lo siguiente:” no es el narcotráfico el destinatario de un nuevo marco jurídico que legalice el despliegue de tropas en el territorio mexicano, sino las acciones de resistencia y protesta que se avecinan en el convulso panorama político de la República”. Además rematan “los más pobres en México son los verdaderos destinatarios de la Ley de Seguridad Interior. El uso de los cuerpos castrenses es para la contención de protestas, ese es el objetivo de las élites gobernantes. El gobierno federal y las cámaras empresariales tienen prisa”.
Para algunos diputados de oposición la ley no sólo violaría los derechos humanos y generaría más violencia en el país, sino que, además, sería anticonstitucional pues el Congreso, según la oposición, no está facultado para legislar en materia de seguridad interior.
¿Cuál será la posición de nuestros diputados federales y las organizaciones de los derechos humanos sobre este tema? Lo veremos en las próximas horas.
Dr. Carlos Germán Palafox Moyers
Investigador y Docente del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora y Consejero del Observatorio Ciudadano de convivencia y Seguridad del Estado de Sonora