Dr. Carlos G. Palafox Moyers
En el artículo anterior señalábamos que el combate a la corrupción y a la impunidad es una prioridad en México porque ambos fenómenos erosionan las instituciones, socavan los principios de legalidad y legitimidad y reproducen prácticas contrarias a la ética pública y por otra parte, deterioran el tejido social. La corrupción distorsiona el rol del gobierno como institución responsable de velar por el cumplimiento de contratos y derechos de propiedad. Las empresas y los individuos, al saber que puedan realizar sobornos, están en la capacidad de violar contratos y derechos de propiedad, generando un círculo perverso que se multiplica en un ambiente de opacidad y sin mecanismos de rendición de cuentas. Para nuestra desgracia el Sistema Nacional Anticorrupción nace sin cabeza, esto es nace incompleto.
Además hay un exagerado temor que se convierte en pánico de parte de él Gobierno Federal y de los partidos políticos por la asignación de un fiscal anticorrupción independiente de las estructuras de poder. Por algo será. Este temor también es transmitido a las esferas estatales y los invita a ser un poco más cuidadosos en la asignación de sus integrantes de los sistemas locales vía Congresos Estatales. Finalmente señalábamos que si se aborda el fenómeno de corrupción –impunidad también se debe de considerar el círculo perverso de pobreza, marginación, violencia, derechos humanos y criminalidad. De no hacerlo la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción no servirá de nada por más teatro que le quieran adornar. En este apartado se analizarán las diferentes conceptualizaciones de la corrupción y sus diversas metodologías para medir el fenómeno así como las diferentes visiones de cómo enfrentar el fenómeno desde la perspectiva de la sociedad civil.
Corrupción: ¿Qué es? y ¿Cómo se mide?
Para el Banco Mundial : la corrupción es el abuso del poder para el beneficio económico privado, a veces no necesariamente para el beneficio de uno mismo, sino para intereses partidarios, familiares, o de clase, por ejemplo. Esta definición incluiría tanto a los sobornos como a la obtención de beneficios no monetarios, como promesas de contratos laborales futuros a familiares, así como obsequios a cambio de ciertas concesiones. Para otros analistas la corrupción se puede obtener mediante una ecuación donde la corrupción es igual al monopolio de las decisiones públicas más la discrecionalidad menos la rendición de cuentas. Dondequiera que el resultado de esta ecuación tienda a aumentar, crece la probabilidad de corrupción, ya sea en el sector público o en el privado. Así que la solución está en trabajar sobre los elementos de esa fórmula, para conseguir que el resultado final disminuya. Por ello es importante analizar cada uno de sus componentes.
A mayor poder monopólico hay más incentivos para corromperlo. Un sistema que funcione como un embudo, con un solo individuo en la zona más estrecha, ejerce excesiva presión en ese punto aumentando su vulnerabilidad. Por ello hay que reducir los poderes monopólicos vía la democratización de las decisiones públicas de gran impacto para la sociedad.
Si las autoridades tienen un excesivo poder discrecional el margen para el abuso indudablemente tiende a aumentar. Además la ambigüedad favorece al malintencionado, así que el sistema tiene que establecer por diseño mecanismos defensivos que faciliten la vigilancia institucional. Asimismo, la toma de decisiones debe ser más compartida de modo de que el corrupto no se le permita completar el proceso.
Si los sistemas son transparentes, o hay normas que permitan ejercer el derecho a solicitar información sobre cualquier acto público, entonces es más difícil tapar los actos corruptos. La existencia de procedimientos de rendición de cuentas permite descubrir si alguien no está actuando de manera decente. El mecanismo más efectivo es la transparencia porque aumenta la percepción de riesgo del potencial corrupto dado que al multiplicar el número de vigilantes que pueden detectar una anomalía, la probabilidad de cazarlos aumenta.
En la práctica es a menudo difícil establecer un límite totalmente claro entre actos corruptos y hechos legítimos. Debido a esta dificultad, la mayoría de estudios sobre corrupción se circunscribe a los actos que involucran pagos irregulares al aparato burocrático. Sin embargo el mayor inconveniente es que no hay formas de medir directamente los actos que tengan un pago como contraparte debido a su naturaleza secreta. Por ello, es que la corrupción se suele medir indirectamente mediante encuestas basadas en cuestionarios sobre la percepción que tan corrupto es un país o una región. Desafortunadamente estas encuestas miden la percepción de la corrupción que tienen las personas o empresas y no la corrupción en sí misma.
Las principales mediciones de corrupción usadas en investigaciones empíricas a nivel mundial son cinco: Business International Index (BI), International Country Risk Guide Index(ICRG), Global Competitiveness Report Index (GCR), Transparency InternationalIndex (TI) y World Development Report (WDR).
Una vez definido y presentado, de manera general, las diversas medidas sobre el fenómeno de la corrupción, el siguiente paso es preguntarnos cuales son las visiones y propuestas para enfrentar el fenómeno desde la perspectiva de la sociedad civil. Bajo este contexto parece habitar dos posturas desde la sociedad civil: la del Gradualismo y la del “hartazgo”.
Sobre el Gradualismo, algunos de sus impulsores han venido trabajando con conocimiento de causa, profesionalismo y mucha paciencia, y los cambios no han sido tan relevantes y contundentes en diversos espacios para construir mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en la esfera pública. La crítica común: el avance es lento. No pasa nada y la corrupción se multiplica en todas las esferas. Además esta estrategia permite que algunos de sus integrantes establezcan vínculos con las estructuras de poder y obtener ciertos privilegios y prebendas en aras de la lucha contra la corrupción y rendición de cuentas
Pero en otros espacios está sucediendo algo diferente e interesante. La idea del “hartazgo”. Es decir, la idea de que no es suficiente con empujar cambios en las legislaciones, los reglamentos y los procedimientos vía el diálogo y la propuesta, sino que el estado de cosas es tan malo que urge ejecutar acciones concretas contra la ineptitud, la opacidad y la corrupción de la clase política. Sentar precedentes de justicia y legalidad. La crítica: es demasiado radical y, por lo tanto, riesgoso. Desde este enfoque se gesta la idea de proponer la renuncia de desde el Presidente de la República, Diputados, Senadores y Gobernadores, con argumentos políticos, éticos y técnicos. Además no es para asustarse ya que está previsto por la Constitución que en el Artículo 86 contempla la renuncia del primero.
Por ello la carrera de largo plazo desde la sociedad civil debe continuar de frente a la clase política. Con inclusión, pero sin complicidad. El poder Ciudadano está presente. Difuso y poco organizado pero está allí.
Con estos elementos abordaré, en la próxima entrega, la conformación del Comité de Participación Ciudadano Anticorrupción, el papel de la Comisión de Selección del Comité de Participación y una pieza clave en este proceso; la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
Dr. Carlos Germán Palafox Moyers
Investigador y Docente del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora y Consejero del Observatorio Ciudadano de Convivencia y Seguridad del Estado de Sonora (OCCSES).
Email: economia@guaymas.uson.mx